Justificación

El campo de las políticas públicas de hoy suele entender que los delitos urbanos son determinados por violencias estructurales. Si se negaran las causas sociales del delito, podrían entonces atribuirse las causas a la perversidad moral o psíquica del delincuente y legitimar –pero sobre todo, demandar- más represión. Así se construyen las argumentaciones que exigen políticas de represión y castigo: disociando la pobreza del delito.

Sin embargo, el campo de las políticas públicas uruguayas ha priorizado la violencia estructural (Bourgois, 2005) y sobre ella actúa el grueso de las intervenciones de las agencias de protección del Estado. La atención de la violencia estructural generó una serie de dispositivos de intervención y, con ellos, una clasificación de sus distintas dimensiones: trabajo, educación, salud, alimentación, vivienda, etcétera. Y si bien estas intervenciones no deberían considerarse preventivas, sino reparadoras o –en sus propios términos- de “equidad”, no resulta fácil el desplazamiento desde las acciones de “seguridad social”, que buscan reconstruir la “integración”, hacia acciones de “prevención de la violencia”, que intentan evitar el delito. Pues el desplazamiento supone pasar de la “seguridad social” que garantiza el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, a la “seguridad ciudadana” que protege la integridad de los bienes y las personas (protección de la vida misma).

Sólo resta un salto lógico para la ampliación de la noción de prevención del delito: si la violencia estructural determina la violencia delictiva, y las intervenciones educativas, laborales, habitacionales, etcétera, reducen la violencia estructural; entonces, éstas intervenciones previenen –o reducen la violencia delictiva. El razonamiento, en rigor, es falso. La probabilidad de que un sujeto delinca está efectivamente relacionada con la desigualdad social, la precariedad laboral y el empobrecimiento, no obstante, sería difícil eludir las dimensiones sociales de la propia violencia delictiva. De lo contrario, deberíamos entender que prevenir la violencia sería algo así como ensayar políticas educativas y culturales, sostener programas de inserción laboral, llevar a cabo políticas de equidad de género y de prevención y atención de la violencia doméstica; pero entonces la pregunta se impone: ¿no es estrictamente lo que venimos llevando a cabo?

Parecería que el razonamiento que explicitamos más arriba, le resta autonomía a la violencia manifiesta: los grupos de pares, los lugares de socialización de los “sujetos vulnerables”, las moralidades, y una lista que podría enumerarse de circunstancias asociadas al hecho concreto de un delito dejan, así, de ser parte constitutiva de su prevención. Se produce un desplazamiento que, por un lado, afecta el entendimiento de las cualidades fenoménicas de la violencia, pues la atención se centra en la invisible multidimensionalidad que determina (violencia estructural) y no en su visible multidimensionalidad (el delito entendido como un conjunto de relaciones sociales) y; por otro, amplía la causalidad de la violencia, por considerarla producto de ciertas determinantes, hasta que cualquier violencia pueda ser así determinada –en sus dos acepciones.

El (mal)entendido al que aludimos conlleva el riesgo de caer en alguna variante extrema del discurso de la violencia. Éste uniformiza en el concepto de violencia lo que de hecho -y para algunos- es múltiple (Soares, 1995; Rifiotis, 1995). Pero ¿estaremos frente a tal multiplicidad?

Sin caer en una versión extrema del discurso de la violencia, se comprende que cuando se trate de prevención, o sea, de una cierta forma de intervención, atacar las causas de la violencia significará entonces intervenir en las dimensiones educativas, culturales y laborales (cuya distribución desigual constituye la desigualdad socio-económica) sin perder nunca de vista las condiciones sociales cotidianas que configuran la criminalidad como un hecho social.

El Programa de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana

Con estos principios orientadores el Programa se erigió como una intervención integral en tres seccionales policiales de la ciudad de Montevideo. Sus objetivos fueron transformar la acción policial tradicional hacia un paradigma preventivo y consolidar un modelo de prevención secundaria de la violencia adolescente en los barrios de las seccionales del Programa.

Para el primero de sus objetivos, se consolidaron alianzas estratégicas con el centro de criminología de la Universidad de Cambridge, el Instituto Jill Dando de la University College of London y la Facultad Jon Jay College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Cada centro quedó a cargo de impartir cursos teórico-prácticos en análisis estratégico, policiamiento orientado a la solución de problemas e investigación criminal. A los cursos se le sumaron protocolos de actuación y un monitoreo sistemático para orientar el proceso de cambio. Hoy el policiamiento orientado a problemas ha reducido la criminalidad en la primera de las seccionales policiales intervenidas de un modo sustantivo a partir de estrategias preventivas situacionales articuladas con distintas agencias del Estado.

El segundo de sus objetivos requirió los servicios del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la supervisión del Programa en su dimensión social. Cada uno de los adolescentes que son detenidos en alguna de nuestras seccionales policiales es invitado a participar en un proyecto interdisciplinario que busca ofrecerles oportunidades para evitar un destino delictivo. La propuesta ha conseguido una gran aceptación y si bien aún no es tiempo de evaluar resultados, muchos de nuestros adolescentes han retomado los estudios o han conseguido pasantías, tras recibir capacitación laboral, en distintas organizaciones, tanto estatales como privadas.

Por último, el Programa ha desarrollado una estrategia innovadora de mediación comunal basada en los métodos de las conferencias de Justicia Restaurativa británicas. Hoy, policías especialmente capacitados en estas metodologías trabajan como facilitadores en casos extra-judiciales, logrando resolver pacíficamente los conflictos vecinales. Esta iniciativa repara el daño de la víctima, reconstituye los lazos sociales barriales y ofrece oportunidades de cambio para aquellos ofensores que están dispuestos, tras este proceso de comprensión mutua entre las partes afectadas, a cambiar su estilo de vida.

El Programa Eurosocial ha sido un aliado invaluable para capacitar a los operadores de nuestro programa de protección social de adolescentes, diagnosticar y facilitar las articulaciones con distintas agencias del Estado para cumplir nuestros objetivos, y entrenar a los facilitadores policiales de Justicia Restaurativa. Además hemos realizado protocolos y consultorías con el propósito de institucionalizar esta última iniciativa -inédita en el país-, que se muestra muy prometedora.

Hoy el Ministerio del Interior junto al Ministerio Público y Fiscal y el Poder Judicial trabajan para diseñar un articulado que admita la Justicia Restaurativa en Uruguay en el marco del nuevo código procesal penal adulto. Aquí también recibimos con gusto el estímulo y el apoyo incondicional del Programa Eurosocial.