Los próximos 15 y 16 de diciembre se celebrará en San Jose de Costa Rica la Conferencia Ministerial “Mejorando la eficacia de las políticas penitenciarias en América Latina: la inserción social de las personas en conflicto con la ley junto con la ley” que reunirá a los ministros y ministras de Justicia y Gobernación de la región, expertos internacionales y autoridades europeas.

El foro se enmarca en el proyecto “Inserción social de las personas condenadas con especial atención al aspecto laboral en la reinserción” de EUROsociAL que desde hace dos años ha impulsado la cooperación bilateral con 14 países, así como la elaboración de forma conjunta a nivel regional de herramientas y documentos de políticas públicas. Entre los documentos a aprobar se encuentran las “Reglas para la inserción socio-laboral de las personas privadas de libertad”.

Desde EUROsociAL hemos conversado con la Ministra de Justicia de Costa Rica, Cristina Ramírez, quien ejerce de país anfitrión, sobre la situación penitenciaria de la región y sus principales desafíos.

¿Cuál es el estado de la cuestión penitenciaria en la región y cuál es su relación con las políticas de inserción socio-laboral?

La cuestión penitenciaria está adquiriendo cada vez mayor relevancia en la agenda política  de América Latina por constituir un asunto que presenta problemas crecientes relacionados con la gestión y con la seguridad de los países de la región. Por diversos factores, la cuestión penitenciaria se ha convertido en un ámbito político de enorme complejidad, que afecta de una u otra forma a todos los gobiernos y que tiene implicaciones decisivas en el ámbito de la seguridad, en el de los derechos humanos y en el de la administración y la fiscalidad.

Algunos países están afectados por problemas especialmente acuciantes como el de la sobrepoblación de las prisiones, que tiene efectos devastadores en la calidad del tratamiento que se presta a los internos, afectando en algunos casos a derechos esenciales de las personas. A esta situación se llega por muy diversos factores, aunque sin duda la política criminal de los países afecta muy directamente, incluyendo la normativa penal, así como las infraestructuras, los procesos de gestión y tratamiento penitenciario y la inserción social de las personas privadas de libertad.

¿Qué esperan de esta Conferencia ministerial de la que serán anfitriones?

Es una gran oportunidad que los gobiernos de los países podamos compartir experiencias y buscar soluciones conjuntas que puedan garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestros centros penitenciarios y que además impacten en procurar seguridad ciudadana.

El objetivo de estas Reglas, es que los gobiernos latinoamericanos dispongamos de nuevas herramientas y asumamos una serie de compromisos para la mejora las políticas penitenciarias de forma que contribuyan a la cohesión social. Es urgente que asumamos un enfoque preventivo e inclusivo de las políticas de Justicia. Estos documentos que vamos a aprobar marcarán un gran avance en la región para el fortalecimiento de políticas públicas en este ámbito.

En la región está todavía muy presente el discurso punitivo y de “mano dura” entre la población que hace más difícil a los gobernantes poder impulsar políticas de seguridad preventivas y que privilegien el enfoque de inserción socio-laboral de los privados de libertad, ¿qué puede hacerse para combatir este discurso?

Los costes de la inseguridad en América Latina  han sido muy elevados tanto a nivel económico y social como en el desarrollo de políticas públicas. Algunos de los costes indirectos de la criminalidad más relevantes han sido el desarrollo de políticas represivas focalizadas en combatir la violencia  mediante la disuasión criminal. Sin embargo, la evidencia demuestra que ciertas actuaciones preventivas tienen  un impacto directo sobre la violencia y la delincuencia mayor y más duradero, con un coste inferior, al de las  actuaciones con fines disuasivos o represivos. Es el caso de las políticas de inserción socio laboral que mediante la construcción de capacidades socio-laborales pretenden promover la inclusión de los privados de libertad

Es una tarea de gran importancia para los gobiernos de América Latina clarificar las funciones de las prisiones como instituciones de justicia. Es necesario realizar esa labor pedagógica. Al hacer esta redefinición, las actividades encaminadas a la inserción socio-laboral, como los programas educativos y formativos, son complementarias y compatibles con el sistema de justicia. Si las cárceles son más que lugares de confinamiento, los programas de inserción socio-laboral son esenciales para construir instituciones de justicia.