En América Latina, tradicionalmente se ha delegado a las mujeres, bajo el eufemismo de “la familias”, la responsabilidad del cuidado de los miembros del hogar que presentan algún grado de dependencia: niños y niñas, adultos mayores, enfermos crónicos y personas con alguna discapacidad. Además, se ha atribuido a las mujeres el cuidado de los varones adultos ocupados en el mercado laboral (Durán, 2003 y 2012), que se benefician del trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres de sus familias. Esto implica que parte importante de la producción de la protección social en la región es de resolución individual y privada, está fuertemente estratificada y segmentada —dependiendo de los ingresos con que cuentan los hogares— y es una expresión de la división sexual del trabajo, uno de los principales factores de la desigualdad presente en nuestras sociedades. En efecto, la protección social persigue posibilitar una calidad de vida decente para las personas, básicamente mediante el acceso a servicios sociales y a un ingreso mínimo, pero frente a las carencias del sistema público de protección social son las mujeres las que con su trabajo no remunerado resuelven las necesidades de bienestar y la calidad de vida de los integrantes de sus familias.

Si bien esta no es una situación nueva, sí en los últimos años han coincidido distintos procesos que conducen a prestar especial atención a dar una respuesta de política pública a las necesidades de cuidados y a las inequidades existentes en este ámbito. Entre estos procesos, de diferente carácter y con distinto énfasis según los países, destacan fenómenos: a) político-culturales, asociados al cuestionamiento del orden de género vigente y su distribución de roles, atribuciones y valoraciones, y los consecuentes procesos emancipatorios de las mujeres; b) demográficos, como el descenso de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y el descenso estratificado de la fecundidad; c) epidemiológicos, como consecuencia del hecho de que las afecciones crónicas de tipo degenerativo han ido desplazando a las enfermedades transmisibles como causas principales de morbilidad y discapacidad; d) familiares, vinculados a cambios en la composición y estructura, en especial al aumento de hogares monoparentales femeninos; y e) socioeconómicos, íntimamente ligados al ingreso sostenido de las mujeres al mercado laboral.

La confluencia de estos fenómenos ha puesto en evidencia que la actual manera de las sociedades latinoamericanas de organizar el cuidado de sus miembros es una fuente de desigualdad social y de género e, incluso, de reproducción de la pobreza (CEPAL, 2009). La extensión y amplitud de los diagnósticos sobre la trascendencia del cuidado para el bienestar individual y colectivo y las desigualdades que entraña su producción, realizados en la última década —principalmente desde una perspectiva de género y de derechos— han permitido colocar la problemática del cuidado en la conversación social y el debate público regional.

Asimismo, han mostrado la escasa presencia del Estado en la satisfacción de las necesidades y demandas de cuidado de la población, evidenciado que es el imperativo que las tradicionales políticas públicas de protección social: seguridad social, educación y salud, ya sean de carácter contributivo o no contributivo, se reorienten para cumplir el objetivo de una mayor igualdad a la vez que deben estar acompañadas de un “cuarto pilar”: el cuidado de todos y todas y la atención a las personas con algún nivel de dependencia. Esto responde al convencimiento de que el Estado y sus políticas públicas tienen un importante papel en la relación que se establece entre la manera en que las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el funcionamiento del sistema económico.

En este artículo, luego de presentar el estado del debate en América Latina en torno a la conceptualización del cuidado y la evidencia empírica que sustenta las nuevas y distintas aproximaciones, se revisan políticas públicas adoptadas en algunos países de la región, en particular los casos de Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, para finalizar con una propuesta dirigida a avanzar hacia sistemas nacionales de cuidado de carácter integral.

Flavia Marco Navarro, abogada boliviana, especialista en estudios de género, consultora de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil´.

María Nieves Rico, antropóloga social argentina. Especialista en estudios de género y políticas sociales. Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.

El texto corresponde ha sido publicado en Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, Laura Pautassi y Carla Zibecchi (coordinadoras) Buenos Aires, Editorial Biblos ISBN: 978-987-691-148-1. Capítulo 1, páginas 27 a 58.

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