Conversamos con Mikel Berraondo sobre los avances en la vinculación de la justicia ordinaria y el sistema de jurisdicción especial de las poblaciones indígenas de Perú, que ha consolidado una relación de igualdad con el reconocimiento de la justicia intercultural.

¿Qué se entiende por justicia intercultural?

Poner en práctica los estándares internacionales de derechos humanos que hablan de crear un sistema de justicia en donde conviva la justicia ordinaria con los distintos niveles de justicia indígena que existan en cada país, conocido en todas las regiones como “pluralismo jurídico”. Básicamente se trata de encontrar la fórmula para que los sistemas de justicia convivan y se desarrollen de manera paralela y complementaria.

¿Qué significa en clave peruana la justicia intercultural?

En Perú significa un avance importante a la hora de afianzar el papel del poder judicial como institución de garantía de derechos, a la hora de afianzar el cumplimento de estándares internacionales a los cuales Perú se encuentra adscrito por ratificación –como el convenio 169 de la OIT-, y significa en la práctica un camino de resolución de conflictos y establecimiento de empatías entre sistemas de justicia que hasta ahora han tenido una convivencia muy complicada.

La línea de acción de acceso a la justicia, en su componente de justicia intercultural en Perú ¿a quién va dirigido?

Lo interesante del proyecto es que se ha trabajado con  el Poder Judicial, con la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Intercultural –ONAJUP-, y que los beneficiarios finales de todo este proceso no se limitan a esta institución, sino que se amplían a todos los funcionarios del sistema de justicia, y a los pueblos indígenas y las rondas campesinas que tienen sus sistemas de justicia. Lo que hemos hecho ha sido establecer una serie de protocolos de actuación y de coordinación para que se establezcan unos cauces que permitan a las autoridades de los distintos sistemas de justicia tener una relación de igual a igual, de reconocimiento de derechos, de autoridad, que les permita convivir y crear ese sistema de justicia intercultural dentro del país, rompiendo con las dinámicas existentes hasta ahora, en las que incluso se llegó a criminalizar a las autoridades de justicia especial –caso de las autoridades ronderas-, por ejercer su autoridad jurídica.

¿Habéis percibido ya, en algún grupo de población –ronderos, dirigentes indígenas, …- algún feedback sobre el interés o pertinencia del proyecto?

El punto final de este proceso lo hemos puesto con una serie de cursos de capacitación que hemos realizado en tres ciudades del país: Cuzco, Iquitos y Pucallpa, realizados paralelamente con personal del sistema de justicia peruano y con autoridades de los sistemas de justicia especial. Lo que nos han transmitido dirigentes indígenas y ronderos que ejercen formas de justicia especial es que este diálogo constituye una herramienta muy interesante para seguir avanzando en este proceso de construir un sistema de justicia intercultural.  Se ha recibido con mucho interés tanto los contenidos de los protocolos como los programas de formación que se han realizado y los manuales de implementación.

¿Qué cambio producirá en las poblaciones? ¿se avanzará en la reducción de conflictos?

Los protocolos no van a resolver todos los problemas que tienen las comunidades indígenas en Perú. El último informe del Comité Contra la Discriminación Racial ha sido muy duro en términos de discriminación por los niveles de racismo existentes en el país. Pero estos protocolos y todo lo que se ha estado trabajando en torno a ellos y al trabajo que está realizando la ONAJUP contribuye, primero, a reconocer los sistemas de justicia indígena, lo cual es un avance importantísimo en un país con estos niveles de racismo; y en el corto plazo estamos asistiendo ya a una reducción importante de la criminalización de estas autoridades de justicia especial. El sistema de justicia ordinaria, por tanto, empieza a reconocer que existe otra justicia, que tiene tanta legitimidad en sus ámbitos de convivencia, que tienen que ser respetados, y que con esas autoridades hay que establecer vínculos de convivencia y de coordinación. 

¿Ha habido un aprendizaje previo con otras experiencias en la región?

De lo que más hemos aprendido todos es del análisis comparado del desarrollo normativo y jurisdiccional que ha habido en los países de la región, sobre todo Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Básicamente lo que hicimos fue una recopilación normativa desde el ámbito del derecho internacional hasta lo que son las legislaciones aprobadas o en proyecto de ley que tienen todos estos países. A partir de ahí hicimos un análisis comparativo tratando de extraer experiencias que pudieran ser útiles para el caso peruano, y con esa base dotar de contenidos a los protocolos, que consideramos muy avanzados con respecto a lo que hay.

Esta experiencia realizada en Perú, ¿a qué contextos o lugares se podría trasladar a través de la herramienta de cooperación sur-sur?

Los protocolos de actuación y coordinación son trasladables a toda la región. Todos los países latinoamericanos tienen población indígena, todos han suscrito estos tratados internacionales que les obligan a desarrollar el pluralismo jurídico, la mayoría tienen los mismos problemas y las mismas carencias y, en este sentido, el proceso que se ha vivido en Perú, no solo por el contenido de los protocolos, sino también por todo el proceso de trabajo conjunto entre el equipo local del poder judicial apoyado por los expertos de EUROsociAL, es una experiencia muy replicable en cualquier país de la región. Estoy convencido de que todo este proceso que se ha desarrollado, y sobre todo los contenidos de los protocolos, se van a utilizar en todos los países vecinos de Perú en la región andina, que tienen unas realidades muy parecidas en materia de justicia y de reconocimiento de justicia intercultural.

¿Cómo ha sido el intercambio de conocimientos entre el equipo de expertos y las instituciones y comunidades peruanas?

En la elaboración de protocolos conformamos un equipo con dos expertos europeos de EUROsociAL, un experto nacional y el equipo judicial del Perú. Esta diversidad en el equipo nos permitió plantear un nivel de debate y análisis desde distintas situaciones.  Si bien no es comparable la realidad europea, coexisten también diferentes sistemas de justicia que están operando dentro de los países, que tienen un nivel de convivencia más o menos práctico con los sistemas de justicia ordinarios de los que se pueden sacar aprendizajes.