Marco Tulio Quintanilla es un pequeño empresario que vende material quirúrgico a hospitales y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Hasta hace poco tenía problemas para presentarse a las licitaciones públicas, al desconocer información clave que le permitiera competir en igualdad de condiciones. “Necesitaba saber las especificidades técnicas, las referencias de precios de los ganadores, los criterios por los que se tomaban las decisiones y quién las tomaba”, nos cuenta Marco Tulio. “Cuando solicité esta información me fue denegada en repetidas ocasiones. Supe a través de los medios de la existencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y me acerqué”.  

Como otros países de América Latina, El Salvador afronta el reto de luchar de contra la corrupción y mejorar la calidad de su democracia. Pese a ciertos avances, el país centroamericano sigue suspendiendo en el Índice de Percepción de Corrupción que cada año elabora Transparencia Internacional.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en vigor desde mayo de 2011, ha abierto una vía para mejorar esta situación. Ahora las administraciones del Estado deben ofrecer en sus portales información actualizada, y se consolida el derecho que toda persona tiene para solicitar y recibir información generada, administrada o que se encuentra en poder de las instituciones, salvo las excepciones contempladas en la ley. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que funciona desde febrero de 2013, es el garante de este derecho.

El IAIP ya está dando los primeros pasos para hacer cumplir el derecho de acceso a la información. La ciudadanía ha comenzado a interponer apelaciones cuando una institución pública deniega información. Los casos son diversos: licitaciones públicas, salarios de funcionarios o asesores, presuntas violaciones de los derechos humanos o información de utilidad para la vida diaria de los ciudadanos en ámbitos como la educación o la salud.

El de Marco Tulio es uno de estos casos. “Gracias al IAIP, el ISSS tuvo que entregarme la información de manera gratuita. Al haber más transparencia, va a haber más competencia en los precios, de lo cual se va a beneficiar la institución”.

La cultura de la opacidad en la administración pública, sumada a la indiferencia y falta de conocimiento de la ciudadanía, son importantes obstáculos. Avanzar en este ámbito pasa por sensibilizar a ciudadanos y servidores públicos, y por fortalecer los órganos garantes. El Programa de cooperación la Unión Europea para la cohesión social, EUROsociAL, se ha sumado a este reto y, desde 2013, apoya las políticas de transparencia y acceso a la información de El Salvador. Gracias a ese respaldo, los comisionados del IAIP han conocido en profundidad la experiencia de sus homólogos chilenos, al tiempo que han recibido asesoramiento en la elaboración de su Plan Estratégico y en temas como la gestión de archivos públicos, la protección de datos personales y el monitoreo del cumplimiento de los entes públicos obligados.

Otros salvadoreños están siguiendo los pasos de Marco Tulio. Viajamos a una comunidad campesina cerca del pueblo de Suchitoto, un área que padeció de manera intensa la guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992. Nos recibe Andrés Antonio Romero, un campesino que en 1983 fue presuntamente capturado por tropas del Gobierno durante un operativo militar. Andrés vio morir a una de sus hijas en esa operación armada y, tras ser liberado, buscó a sus otros siete hijos y a su esposa. Logró encontrar a tres de ellos, dos en unas instalaciones militares salvadoreñas y uno en Estados Unidos, donde había sido entregado en adopción.

En 2013, aprovechando la Ley de Acceso a la Información, Andrés, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos, reclamó al Ministerio de Defensa la información existente sobre su caso. Ante la denegación de la misma acudió al IAIP, que tras una nueva negativa solicitó inspeccionar directamente los archivos, algo que le fue vetado. A pesar de la falta de avances, Andrés considera que “se está empezando abrir la puerta para casos como el mío, se les está dando publicidad y al menos el Instituto nos ha dado voz, si bien se sigue negando la existencia de información”.

Antes de la Ley de Acceso a la Información, era difícil llevar a los tribunales casos de mala gestión pública, porque no se contaba con pruebas. Ahora, las instituciones son conscientes de que el ciudadano cuenta con esta herramienta, lo cual ejerce un efecto disuasorio.

Gracias al IAIP, Claudia Reyes está dando pasos para que se enjuicie el fallecimiento de su hijo por un presunto error médico. Recientemente, el IAIP obligó al ISSS salvadoreño a que le entregara el nombre del sedante que se administró a su hijo prematuro, información que le había sido negada durante años. Asimismo, el IAIP ha resuelto que el ISSS haga todo lo posible para recuperar el expediente médico de su hijo, que había sido catalogado como inexistente.

“Todos tenemos derecho a saber, a tener acceso a la información propia, y generalmente es denegada, pero gracias al Instituto yo hice valer mi derecho. Todavía estamos en la lucha, aunque me sentí al cien por cien respaldada”, señala Claudia.

El camino continúa siendo sinuoso, pero poco a poco los salvadoreños están logrando vencer la cultura del secreto y que la información pública no sea concebida como algo que pertenece exclusivamente a los funcionarios, sino como un patrimonio de los ciudadanos.

Por Borja Díaz Rivillas, Técnico Senior FIIAPP del Programa EUROsociAL