La articulación de estrategias para la lucha contra la corrupción es una cuestión extremadamente compleja, en la medida en que se trata de una problemática que afecta a todos los países y que abarca los ámbitos social, político y económico. A la alarma social y desconfianza que las prácticas corruptas generan entre la ciudadanía, se suma el hecho de que la corrupción lastra el desarrollo, desalentando la inversión extranjera y detrayendo recursos públicos que bien podrían ser empleados por el Estado en la satisfacción de otras necesidades y prioridades de la población.

Las cifras hablan por sí solas. Se calcula que el coste de la corrupción equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial (2.6 trillones de dólares anuales), incrementando hasta un 10% el coste de hacer negocios a nivel global. De igual manera, como consecuencia de la corrupción los países en desarrollo dejarían de ingresar una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a Ayuda Oficial al Desarrollo.

América Latina y el Caribe no son ajenos a esta realidad. Si se toman en cuenta los datos de los 28 países de la región incluidos en el Índice de Percepciones sobre la Corrupción elaborado anualmente por Transparencia Internacional, sólo 7 registran una puntuación superior a 50 puntos. Por otra parte, la media de la región (41 puntos) se sitúa sensiblemente por debajo de la media global (43 puntos), con una situación sustancialmente mejor que otras regiones del planeta, aunque lejos aún del indicador del G20 (54 puntos). A partir de estos datos, cabe concluir que se han producido avances sustanciales, pero que queda aún un importante camino por recorrer.

Las causas de la corrupción son complejas y diversas, al igual que lo son las dificultades a las que se debe hacer frente para alcanzar una mayor eficacia en la lucha contra los delitos económico-financieros a ella vinculados. Entre los obstáculos identificados, la descoordinación entre las instituciones que intervienen en la investigación y sanción de este tipo de delitos constituye un aspecto fundamental.

Así, las estrategias para combatir la corrupción y los delitos económico-financieros contemplan una serie de etapas clave, que van desde la prevención del delito a la recuperación de los activos fruto del mismo, pasando por las fases de detección, investigación, proceso, enjuiciamiento o sanción. A lo largo de las mismas, distintos organismos se ven involucrados, incluyendo a administraciones tributarias y aduaneras; policía y organismos encargados del cumplimiento de la ley; unidades de inteligencia financiera; ministerios públicos; poderes judiciales; o contralorías, entre otros. De la diversidad de instituciones implicadas se deriva la necesidad de alcanzar una cooperación y coordinación efectiva entre las mismas.

La lucha contra la corrupción constituye, en definitiva, un tema de gran transversalidad en el que distintos sectores e instituciones se ven implicados. Por ello, la construcción de políticas anticorrupción debe plantearse como un proceso multidimensional, en el que se tomen en consideración una pluralidad de actores y temáticas.

Artículo publicado en la Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en su número 17 (enero a junio de 2015)

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