Con ocasión del editorial del periódico La Nación , del martes 2 de diciembre, intitulado “Las cenicientas del narcotráfico”, la Defensa Pública resalta la iniciativa sin precedentes que se ha dado en el sistema penal costarricense y el cambio que significa en las políticas públicas de asistencia social para una población discriminada. Me refiero a la suscripción del Protocolo de Coordinación Interinstitucional de la Red para la Atención Integral a las Mujeres Vinculadas a un Proceso Penal y sus Familiares Dependientes en Situaciones de Vulnerabilidad, el 14 de noviembre.

El paradigma para tratar con quienes están en desventaja social y caen en conflicto con la ley penal suele ser la exclusión. Estas personas son estigmatizadas en sus comunidades y en lo laboral las puertas se les cierran una y otra vez en la cara. El trato que reciben suele ser despectivo, y las oportunidades para emprender un cambio se vuelven materialmente imposibles.

La implementación de esta red opta por un paradigma distinto: el de la inclusión. Se pretende crear condiciones y oportunidades para aquellas mujeres en condiciones de vulnerabilidad que han pasado por el proceso penal y desean construir un proyecto de vida digno, tanto para ellas como para sus familias.

La construcción de esta red interinstitucional no se da por generación espontánea. Desde hace varios años, se vienen ejecutando una serie de iniciativas con el objetivo de cambiar la situación de las mujeres vinculadas al sistema penal, especialmente, para quienes se encuentran en prisión.

Esfuerzos realizados. En este sentido, pueden citarse los esfuerzos realizados por la Defensa Pública para lograr la aprobación del artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, que introduce proporcionalidad y especificación del género cuando se introduzcan drogas a un centro penitenciario.

Los datos estadísticos recopilados por la Defensa Pública, que sirvieron de base a la reforma, determinaron que muchas de esas mujeres, quienes descontaban hasta ocho años de prisión, eran jefas de hogar. Algunas tenían un hijo; otras, cuatro o más (hasta ocho). En su mayoría, ni siquiera contaban con primaria completa y desempeñaban oficios mal remunerados e inestables, pues algunas eran comerciantes informales, servidoras domésticas o se dedicaban a cuidar, educar y mantener a sus hijos.

Cuando se logra la aplicación de la reforma, en setiembre del 2013, fueron puestas en libertad más de 150 mujeres mediante el cumplimiento de las medidas impuestas por el juez, y, por tanto, surgió la necesidad de apoyarlas para evitar la reincidencia, tomando en cuenta que todas enfrentaban situaciones de vulnerabilidad.

En algunos casos, no se sabía en qué condiciones iban a regresar a sus hogares después de haber estado, algunas, hasta ocho años en prisión. No tenían medios económicos para regresar a sus casas o para pagar un hotel donde pasar la noche, pues procedían de zonas alejadas de la capital; además, tenían necesidades mayores como, por ejemplo, una vivienda digna, un bono familiar y escolar para el estudio de sus hijos o un espacio en la red de cuido para dejar sus hijos menores mientras continuaban sus estudios o trabajaban. Requerían apoyo institucional para reinsertarlas a la sociedad y a sus familias.

De esta manera, la Defensa Pública plantea a EUROsociAL –organismo europeo de cooperación para América Latina–, en coordinación con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial de Costa Rica, este proyecto, el cual tendría impacto en la promoción de la cohesión social, finalidad de esta organización.

EUROsociAL respondió con un respaldo decidido de sus representantes, y ofreció financiar a dos expertas –una europea y otra costarricense– para que realizaran la labor.

La responsabilidad recayó en la consultora costarricense Marcela Piedra y en la experta española Cristina Mayordomo, quienes realizaron un magnífico trabajo.

En Costa Rica, la Defensa Pública hizo los primeros contactos y reuniones con el fin de unir esfuerzos con diferentes entidades públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Ministerio de Justicia, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), entre otras, con el propósito de constituir una red Interinstitucional, articulación esencial para que las mujeres beneficiadas puedan desarrollar un proyecto de vida capaz de prevenir la reincidencia delictiva.

El trabajo conjunto fue clave para la elaboración de protocolos que facilitarán la articulación y la coordinación entre las instituciones y la Defensa Pública para el abordaje integral de los casos; un hecho sin precedentes en la Administración Pública.

Las expectativas y los retos son altos, y requieren de ayuda no solo institucional, sino también de diversos actores sociales y empresariales.

El trabajo es grande, pero las experiencias, hasta ahora alcanzadas, nos hacen ver que vamos en la dirección correcta y los resultados serán de beneficio para muchas personas, en lo individual, y para el país, en general.