En el marco del Programa EUROsociAL II, entre el 5 y el 8 de noviembre de 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo (Uruguay) el Encuentro para el fortalecimiento de los sistemas públicos de cuidado en América Latina y Europa. Organizado junto con el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay y con la colaboración con la CEPAL, el encuentro reunió a 15 funcionarios públicos de distintos países de América Latina (Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay) y Europa (Italia y Francia).

El evento comprendió dos actividades. En primer lugar, se realizaron visitas a la experiencia uruguaya en materia de cuidado de personas dependientes, precedidas de una reunión con los tomadores de decisión del sistema nacional, durante la cual se presentaron sus principales características. En segundo lugar, se desarrolló el seminario técnico internacional Los desafíos de la gestión de los sistemas de cuidado enfocados a la atención a personas dependientes de tres grupos: la infancia, la discapacidad y los adultos mayores.

El Encuentro demostró que el tema de cuidados a personas dependientes está presente en la agenda pública de los países de América Latina, si bien los avances realizados en la materia son sumamente variados. Además, fue posible identificar una serie de desafíos comunes alrededor de tres temas: financiamiento, integralidad y estándares de calidad.

El primer reto común es alinear los recursos fiscales. En los países participantes, las alternativas de financiamiento surgían de muy diversas fuentes, que abarcaban desde el presupuesto ordinario (financiado por recursos tributarios), como en el caso de Brasil; hasta regulaciones muy específicas, como en el caso de Colombia donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) obtiene parte de sus recursos a partir de las herencias sin herederos. También se observó una diversidad de mecanismos en la combinación entre fuentes contributivas y no contributivas de financiamiento, así como en el uso de la figura de los seguros para el cuidado o la introducción de mecanismos de co-pago según el nivel de renta como en el caso de los servicios para la primera infancia de Italia. A pesar de esta heterogeneidad, en todos los casos latinoamericanos se resaltó la necesidad de aumentar el presupuesto público destinado al cuidado y de dotarlo de mayor sostenibilidad.

En segundo lugar, surgió el reto de la integralidad en la prestación de los servicios de cuidado. Para atender integralmente a la multidimensionalidad que implica el cuidado, resulta fundamental una buena articulación, tanto intersectorial como interjurisdiccional. Es un desafío que resaltaron los países latinoamericanos y los europeos. En este sentido, la diversidad de alternativas para lograr mecanismos de coordinación que tiendan a la integralidad fue también grande. Las articulaciones posibles en los países están fuertemente marcadas por la forma en la que se insertan los servicios de cuidado (que únicamente operan con una lógica sistémica en el caso de Uruguay), en los más amplios sistemas de protección social. En los intercambios entre los funcionarios se destacó que es clave atender las particularidades de cada contexto nacional para promover el abordaje más propicio para alcanzar más y mejores articulaciones intragubernamentales y con otros actores relevantes -como la sociedad civil organizada y el sector empresarial, por ejemplo-.

En tercer lugar se destacó el reto de contar con sólidos estándares de calidad de los servicios de cuidado. Estos inciden en la operatoria cotidiana de los servicios y, en el largo plazo, en el impacto final que genera el cuidado sobre la población. Entre los estándares de calidad se incluyen cuestiones vinculadas con la regulación, formación y habilitación de los servicios. Sin los estándares de calidad, resulta altamente probable que se pierda la eficiencia en el logro de la mayoría de los resultados prometidos por la prestación de servicios de cuidado a las poblaciones dependientes. Además, los estándares de calidad son el único mecanismo que permite que luego se realicen acciones de monitoreo y evaluación de los servicios, lo que resulta fundamental a fines de ajustar las intervenciones para lograr mejores resultados.