Las iniciativas de transparencia y acceso a la información pública dependen, en gran medida, de la calidad, la fiabilidad y la accesibilidad de los archivos públicos que custodian esta información. En este sentido, los documentos son la base y el fundamento de un gobierno abierto y el soporte de los principios de transparencia. Los documentos correctamente gestionados son también un valor añadido para las Administraciones Públicas y para proteger los derechos e intereses de la ciudadanía.

Honduras no cuenta en la actualidad con una legislación que permita a la ciudadanía tener acceso completo, efectivo y directo a documentación específica de Estado; tampoco cuenta con un sistema eficiente de almacenamiento físico y digital que aglomere todos los documentos manuscritos o impresos de todas las dependencias estatales que permitan una verdadera fuente histórica nacional, a pesar de que desde 1880 se creó el Archivo Nacional de Honduras.

En este contexto, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el apoyo del Programa EUROsociAL de la Unión Europea, realizó, del 13 al 15 de mayo de 2015 en Tegucigalpa, un taller internacional para impulsar una Ley de Archivos en Honduras. La finalidad de esta reunión ha sido socializar y generar insumos para el Anteproyecto de Ley de Archivos.

En el encuentro participaron expertos de España  Costa Rica, Chile, El Salvador y México y de la sociedad civil y diferentes instituciones del Estado de Honduras (Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de  la República), asociaciones representativas del mundo del Derecho y la Academia y otras instituciones privadas, así como una importante representación de profesionales vinculados al IAIP.  

El borrador de la Ley de Archivos tiene la finalidad de definir el marco jurídico aplicable a la organización, clasificación, rescate, restauración, conservación, expurgo, divulgación, protección del Patrimonio Documental de la Nación y garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública. La propuesta de Ley comprende 95 artículos, en donde se rige no solo el resguardo y emisión de información que se solicite al Archivo Nacional; sino también prohibiciones al acceso de determinada documentación y sanciones administrativas y penales para los servidores públicos y exempleados que hayan sido responsables de cada archivo institucional.

Esta línea de trabajo de EUROsociAL se enmarca dentro de su líneas de trabajo sobre transparencia y acceso a la información, que coordina la FIIAPP y que tiene como socio operativo a la Fundación CEDDET.