La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción) de Perú aprobó el pasado 13 de diciembre el anteproyecto de ley que regula la responsabilidad penal de las empresas por delitos de corrupción, una iniciativa desarrollada conjuntamente con el sector privado, representado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Esta propuesta de ley contempla la responsabilidad directa de las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, así como la imposición de multas, la regulación de los atenuantes y agravantes, y los criterios para la aplicación de las penas. También incluye un modelo de prevención de delitos de corrupción dentro de las organizaciones.

El jefe del Gabinete, César Villanueva, quien presidió la reunión en la que se dio luz verde al texto, informó de que una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto será presentado ante el Congreso de la República, y que esta iniciativa es una muestra de ""la ruta de articulación"" que está siguiendo el Poder Ejecutivo con el sector privado para combatir la corrupción.

Dicho proyecto ha sido aprobado por unanimidad por todas las entidades que conforman la CAN (sector público, sector empresarial y sociedad civil), lo que significa un enorme avance en el proceso de validación.

Con la adopción de esta normativa, Perú estaría cumpliendo con la recomendación del Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), y los requisitos para su incorporación a la Convención para Combatir el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

La Coordinadora de la CAN, Susana Silva Hasembank, agradeció el gran apoyo de EUROsociAL a esta iniciativa. Esta colaboración se canalizó a través del asesoramiento técnico a la CAN en la elaboración de la normativa por parte de Silvina Bacigalupo, de la Catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Además. EUROsociAL apoyó la realización de un taller internacional, el pasado mes de septiembre, que fue clave para lograr el consenso con el sector empresarial, y en un trabajo analítico comparado sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Unión Europea y América Latina.

Estas actuaciones de EUROsociAL se enmarcan dentro de la acción ""Fortalecimiento de la coordinación institucional y social en la lucha contra la corrupción"", que lidera la FIIAPP y que tiene como socio operativo a la Fundación CEDDET.